La reforma migratoria se ha convertido en un campo de batalla en el que se enfrentan las más diversas tendencias en la más complicada de las oposiciones. Ni la intensa lucha por los derechos civiles en EE.UU. entre los 50 y los 70 había provocado tal fragmentación de la nación y sus instituciones. Este es un conflicto triangular, en el que chocan, por una parte, la enorme y creciente población de inmigrantes ilegales; por otra, el grupo de ciudadanos norteamericanos más conservador, aislacionista e intransigente, y, por último, el propio sistema político norteamericano.
En realidad, la lucha por la reforma migratoria es la punta del iceberg de las contradicciones que ha sacado a la luz la profunda crisis económica que enfrenta hoy día el proceso de globalización y del nuevo orden mundial cuyo epicentro es la propia economía y sociedad norteamericanas.
Ahora, en EE.UU., el país originario de la democracia y el estado de derecho, parece ser que una cosa es la justicia, otra los derechos humanos, otra muy distinta la ley. Si de ello, se separan entre sí el sistema judicial y las fuerzas policiales, entonces, el individuo se halla en completa desventaja ante el sistema y este pierde su esencia.
Según los preceptos más conspicuos de la democracia y el estado de derecho, los poderes del estado deben estar divididos para evitar la dictadura, la arbitrariedad y la ilegalidad, y para defender al ciudadano de las instituciones estatales y de todo tipo, a las minorías de las mayorías y al débil del poderoso.
El poder legislativo debe ocuparse exclusivamente en producir las leyes sobre las cuales debería funcionar el sistema establecido por la constitución. El sistema ejecutivo, debe administrar la nación dentro del marco de esas leyes y constitución.
El poder judicial debe velar por que el poder ejecutivo y el resto de las instituciones y ciudadanos realicen su libertad cumpliendo con las leyes y la constitución. Este es el paradigma soñado por los pensadores de la ilustración y los padres fundadores de esta gran nación en sustitución de las monarquías tiránicas y las metrópolis coloniales.
En un estado democrático y de derecho, el sistema judicial es el corazón, su razón de ser. Un juez debe tener el poder suficiente como para sancionar a cualquier ciudadano, institución o decreto desde el más alto funcionario del gobierno hasta el más bajo y remoto ciudadano si trasgrede los límites impuestos por la ley. Por ello, debe estar despojado totalmente de ideologías o prejuicios políticos, étnicos, religiosos, sexuales, nacionales o de cualquier tipo para mantener su imparcialidad por encima de todo.
La absoluta imparcialidad del sistema judicial es el espíritu del estado de derecho. Sin aquel, este no puede funcionar.
Cuando el sistema judicial se fragmenta, se complica se politiza y se ideologiza, todo el sistema se resiente. Predominan entonces las injusticias, las ilegalidades, las violaciones a los derechos ciudadanos y humanos, se desnaturaliza la democracia y el derecho.
Si, el sistema de un estado de derecho se desintegra, renacen con fuerza los problemas para cuya solución fue precisamente creado ese estado. Así, en torno a la reforma migratoria, han reaparecido problemas como el racismo y otras formas de la violación de los derechos humanos, no sólo por parte de grupos independientes sino desde dentro del mismo sistema gubernamental.
Un juez parcializado, prejuiciado, racista y extremista, que anteponga sus odios y sus fobias a la ley y el derecho, es un cáncer en el corazón del estado de derecho. Y, si este juez apoya a autoridades policiales con semejantes sentimientos, tenemos una máquina represiva medieval dispuesta a ensañarse en los derechos de los ciudadanos comunes. Si jueces y policías, a su vez, se afirman en una base social con semejante ideología, el sistema creado para asegurar la justicia social se transforma en una maquinaria de la injusticia. Los jueces, la policía y los gobiernos estatales se parcializan, poniendo odios y prejuicios por encima de la ley, los derechos y la democracia. Resurge así la arbitrariedad.
Las víctimas de la parcialidad y la arbitrariedad, se parcializan a su vez, alejando cada vez más la posibilidad de la negociación y la justicia. A medida que son perseguidas y reprimidas, tiende al extremismo, a la violencia y la ilegalidad. Su lucha por sus derechos en el marco de la legalidad y la democracia se transforma así en una reacción anárquica, violenta, caldeada por el odio y el espíritu de venganza.
Según ciertas creencias, las contradicciones son los motores del progreso y es posible que la lucha por la reforma migratoria sea el campo de batalla de donde surja un país más democrático, más abierto, más inclusivo y más progresivo. Sin embargo, esta es una noción demasiado abstracta para englobar todos los problemas de este país en medio de la crisis económica y social a la que se enfrenta. (Continuará)
